Los videojuegos nos harán libres

La Comisión de Economía del Senado no ha discutido el proyecto de ley relativo a la venta y arriendo de videojuegos con contenido violento a menores de edad ni ha respondido la solicitud que remitimos el pasado 10 de abril. De modo que podemos darnos un tiempo para observar la situación de este proyecto en comparación con otras que son discutidas acaloradamente hoy en día. Últimamente hemos visto manifestaciones a lo largo de Chile con distintos objetivos: oponerse a la construcción de centrales generadoras de energía eléctrica, exigir la estatización del sistema educativo, demandar la fiscalización de diversos tipos de alimentos. En general, todas estas protestas apuntan en el sentido de solicitar una mayor intervención estatal en todos los asuntos del quehacer nacional.

El proyecto de ley acerca de los videojuegos apunta en este mismo sentido y nuestro más reciente informe da cuenta de la satisfacción de la opinión pública en cuanto a esto, si bien comunica y se adhiere a una crítica en cuanto a la forma de proponer tal intervención. Personalmente, no soy partidario de absolutamente ninguna intervención estatal, pero reconozco que sería irreal pedirles a los parlamentarios que no legislen. De modo que me contento con pedirles que lo hagan bien y racionalmente. El afán fiscalizador y estatizante impulsa a muchas personas a respaldar este tipo de intervenciones que, en el fondo, son indebidas y no debieran existir si pretendemos respetar los derechos fundamentales de las personas. Pero ahí están ellos clamando por que sus libertades sean cercenadas.

Una de las razones por las cuales los videojuegos han llegado a ser productos no solamente exitosos, sino que verdaderamente valiosos y de la más refinada cultura, es que cuentan con escasa regulación. Cualquier producto (vivienda) o servicio (educación) que esté excesivamente regulado tiende a detener su desarrollo o a arruinarse. Esto no quiere decir que desaparezcan, sino que su desarrollo es intervenido artificialmente y, por lo tanto, es mucho peor de lo que sería sin una intervención de este tipo. Los productos (pan) o servicios (jardinería) que no son intervenidos, en cambio, tienden a desarrollarse y mejorar aceleradamente. Esto no quiere decir que florecerán espontáneamente, sino que responderán a la realidad del mercado sin la intervención perjudicial del fisco.

La fiscalización de cualquier área de las actividades humanas produce un efecto negativo sobre ella y a su alrededor. Y aun así hay muchas personas reclamando que existan cada vez más intervenciones. Nosotros hemos visto con impotencia que resulta inevitable asumir una próxima intervención estatal en el mercado de los videojuegos. Ante esto, no nos queda más que apelar al sentido común más básico y la lógica natural más elemental. Y sabemos que aun así conseguiremos poco y nada de lo que pretendemos. Pero no podemos dejar de hacerlo. No porque tengamos una especie de obligación moral, sino porque así lo queremos y sentimos que es mejor. Las obligaciones morales son el argumento de quienes respaldan este proyecto: nosotros no creemos ellas, sino que en la voluntad personal de cada persona. Por eso, nos oponemos: tanto a este proyecto como a las manifestaciones que demandan mayor intervención del Estado en todas las áreas de actividad humana. Por la libertad, por el desarrollo, por alcanzar ese mundo sin fronteras que nos prometen los videojuegos.